Responsabilidad internacional

En principio, la responsabilidad internacional designa de manera muy restringida a la responsabilidad imputable a un Estado por violar una obligación internacional. Es “internacional” por cuanto se sitúa en el ámbito de las relaciones entre los Estados y su régimen lo fija el Derecho Internacional. Sin embargo, cabe ampliar esta definición para incluir, bajo esta etiqueta, cualquier situación que origina una responsabilidad en razón de una conducta, actividad u operación cuya adopción, desarrollo o ejecución causa daños más allá de los límites territoriales de un Estado. Cualesquiera formas de responsabilidad se consideran, sin importar quién es el “responsable” (individuo, empresa, Estado u organización intergubernamental), y cualesquiera que sean las fuentes de las normas que regulan la responsabilidad (derecho internacional, regional o nacional); el contexto en que se produce el daño imprime el carácter internacional a la responsabilidad.

Este segundo análisis se orienta a reflejar la extrema diversidad de situaciones que implican una responsabilidad internacional. Cabe tomar algunos ejemplos: un proyecto de explotación de aguas de un río compartido por dos países se lleva a cabo por el Estado situado aguas arriba, de manera unilateral y sin consulta, lo cual amenaza con desviar una parte sustancial de los recursos hídricos en detrimento del Estado de aguas abajo; o contaminar las aguas del curso. Una organización regional prohibió la importación de carne por razones de salud y los países exportadores desfavorecidos por esta medida responden atacando, por ejemplo, con altos impuestos a los quesos cuando entran a su territorio provenientes de otros países miembros de la organización. Un responsable adopta una política deliberada contra las minorías a las cuales les hace padecer hambre. A un inversor extranjero de repente se le expropiaron sus bienes (contratos, locales, terrenos) por la decisión soberana del poder local. Un fabricante francés de lasañas descubrió que la calidad de la carne importada de Rumania no coincide con lo previsto en los términos del contrato, etc. En el primer caso, se planea un problema clásico de responsabilidad internacional, en el sentido estricto del término. En el segundo, detrás de la cuestión de la responsabilidad de la Organización en relación con sus socios comerciales, también se observa su eventual responsabilidad frente a los productores de quesos. En el tercero, se compromete la responsabilidad penal internacional del dirigente. Por último, en la cuarta y quinta hipótesis, el operador y el fabricante esperarán obtener una reparación.

La primera de las responsabilidades internacionales es aquella asumida por los Estados, que han sido durante mucho tiempo los únicos sujetos de Derecho Internacional. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableció el principio en su sentencia Chorzów Factory (1928) que: constituye un principio de derecho internacional, incluso una concepción general del derecho, que cualquier violación de un compromiso implica una obligación de reparar. El proyecto de codificación de la responsabilidad del Estado por hechos interna-cionalmente ilícitos (2001), presentado por la Comisión de Derecho Internacional (CDI), comparte desde luego esa afirmación. Hoy en día, cualquier Estado que transgreda una regla, convencional o consuetudinaria, compromete teóricamente su responsabilidad, a menos que justifique su incumplimiento por la existencia de circunstancias especiales, excluyentes de la ilicitud (la fuerza mayor, la legítima defensa, el estado de necesidad…; véase Decisión Projet Gabčikovo-Nagymaros de 1997 por la cual la CIJ reconoce el concepto de “estado de necesidad ecológica”). Su responsabilidad podrá ser reconocida por la CIJ o por cualquier otra instancia creada a tal efecto (el Grupo Especial del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte – TLCAN, el Órgano de Solución de Diferencias – OSD – de la Organización Mundial del Comercio – OMC…) o, en ciertas circunstancias, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (véase la Resolución 687 sobre las lecciones de la “responsabilidad” de Irak en el estallido de la Primera Guerra del Golfo). Es así como a Israel se le imputó su responsabilidad por haber construido un muro en Cisjordania: la CIJ señaló que tal construcción y la creación de los consiguientes enclaves, atribuibles al Estado de Israel, necesitaron la requisición de las tierras agrícolas, la destrucción de cultivos, la privación del acceso a los pozos, muchas circunstancias que afectaron los derechos de las personas a permanecer al abrigo del hambre que garantiza el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). En consecuencia, la construcción del muro constituye una violación injustificada del Derecho Internacional, e Israel está obligado a devolver las tierras, huertos, olivares y demás bienes inmuebles incautados o a indemnizar a las víctimas de estos ataques si su restitución resulta materialmente imposible (véase: Opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, en 2004). En el marco jurídico de la OMC, la aplicación de la responsabilidad de un Estado, obedece mutatis mutandis a los mismos mecanismos: cada Miembro tiene la obligación de cumplir los acuerdos multilaterales; así como cualquier lesión puede entrañar la aparición de un procedimiento ante el OSD que examina la realidad de la violación antes de formular las recomendaciones al Estado “responsable”. A éste se le invita entonces a ajustar su legislación a la normativa de la OMC. Si se niega, por cuanto tiene ese derecho, el OSD podrá autorizar a los Estados lesionados a aplicar medidas de represalia, o “suspensión de concesiones” destinadas a compensar el daño sufrido (en virtud del viejo principio “ojo por ojo, diente por diente”).

A pesar de que ya no aparece en el artículo 1 del proyecto de codificación de la Comisión, el daño sigue siendo en gran medida una condición de la responsabilidad internacional. El perjuicio constituido por el hecho mismo de la violación a la norma (el prejuicio “jurídico”) no se reconoce en el Derecho Internacional general, a diferencia del derecho surgido de la OMC, en la medida en que el OSD realiza el control de la compatibilidad objetiva de la legislación nacional con los acuerdos multilaterales, es decir, fuera de cualquier aplicación de ésta (Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, 2002). Si una responsabilidad sin daño (material o moral) parece a priori excluida, la responsabilidad sin acto ilícito (responsabilidad sin “culpa”) se consagró, sin embargo, en el caso de la Fundición de Trail (1941): los agricultores estadounidenses, establecidos cerca de una fundición de metal situada en el otro lado de la frontera, en Canadá, se quejaron de los daños a sus cultivos por la emisión de gases de azufre. Según el tribunal constituido para poner fin a la disputa, “según los principios del Derecho Internacional […], ningún Estado tiene el derecho de usar su territorio, o a permitir que se haga dicho uso de modo que se cause un perjuicio mediante emisiones de humos en el territorio de otro Estado o en los bienes de personas que allí se encuentren, cuando el asunto es de importancia grave y el daño se aprecia mediante pruebas claras y convincentes”.

Un verdadero obstáculo para el ejercicio de la soberanía del Estado en su territorio, en principio absoluta, la obligación formulada ha sido desde entonces planteada en términos más generales (véase Declaración de Estocolmo, 1972; Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, 1997…). Si bien ella parece estar limitada por el momento a cuestiones de contaminación del aire y del agua, nada impide imaginar su extensión a cuestiones ajenas a la preservación del ambiente (piénsese en la contaminación de los cultivos orgánicos por el polen surgido de plantas genéticamente modificadas, que no plantea únicamente un problema de protección de la biodiversidad). La responsabilidad objetiva supone una evolución del Derecho Internacional que se ocupa del desarrollo de las actividades industriales y tecnológicas portadoras de riesgos en gran escala. Sin embargo, estas actividades no sólo ponen en peligro la calidad del ambiente, sino también a la salud (por ejemplo, la emisión de dioxinas provenientes de las incineradoras).
La responsabilidad internacional clásica es, por tanto, susceptible de ser aplicada en casos extremadamente variados. La cuestión es saber hasta qué punto puede considerarse. Se estima, por ejemplo, el perjuicio causado a un Estado a raíz de la afluencia a su territorio de refugiados económicos, climáticos y “refugiados del hambre”. La Asamblea General de Naciones Unidas toma muy en serio este evento por el peligro que conlleva (véase la Resolución 36/148, relativa a la Cooperación Internacional para Evitar Nuevas Corrientes de Refugiados). Esta situación puede resultar de carencias en el Estado de origen (incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de su población) o de una política de apartheid o faminógena. En esta última hipótesis, el Derecho Internacional Penal sin duda puede movilizarse para determinar responsabilidades. Pero si las oleadas de refugiados “se provocan” con motivo de políticas ineficaces, ausentes o inadecuadas, cabe considerar la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos porque las probabilidades son pocas fuera de ella. Además del problema de la prueba, se requeriría un juicio sobre la oportunidad de las decisiones tomadas por el Estado “responsable”, lo cual asesta un golpe a su soberanía en sus asuntos internos.

Si el camino de la responsabilidad clásica (interestatal) probablemente lleva a un callejón sin salida, se compensa por la existencia de una alternativa: un viento sopla a favor del derecho de los refugiados a obtener una “compensación adecuada” (véase Principios de Bangkok sobre el estatuto y tratamiento de los refugiados, adoptados por la Organización Consultiva Jurídica Asia-África, 1966; Resolución 36/148 precitada). En realidad, el derecho a la indemnización únicamente es una manifestación de un movimiento que surge a partir de los años 50, el cual se dedica a consagrar la responsabilidad inter-nacional del Estado hacia los individuos en el ámbito de los derechos fundamentales. Sin embargo, no cabe confundirse: el carácter justiciable de los derechos humanos no es una regla en el Derecho Internacional general. Sin embargo, algunos mecanismos judiciales regionales que garantizan un derecho a la reparación para las víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales han surgido gradualmente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Surinam a pagar una indemnización por daño material y moral sufrido por la comunidad indígena cuyas tierras, ricas en madera y oro, fueron explotadas en términos irrespetuosos del derecho de propiedad colectiva (Comunidad Saramaka c/ Surinam, 2007).