Malnutrición por exceso

A nivel mundial, la malnutrición por exceso concierne a más de mil millones de personas cuyo consumo de calorías es superior a sus necesidades. Este fenómeno representa uno de los principales factores de riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT) y es responsable de aproximadamente 2,8 millones de muertes anuales en todo el mundo. Sin embargo, el desarrollo de estrategias de prevención para hacer frente a la creciente incidencia de las ENT y, en particular, a los problemas de sobrepeso y obesidad enfrenta a los decisores políticos a varios retos.

La primera fuente de dificultad surge del hecho de que la malnutrición por exceso es un fenómeno relativamente reciente. Muchas políticas están todavía en sus balbuceos. De esta forma, algunos países han introducido impuestos sobre los productos alimenticios con el fin de mejorar el estado de salud de la población mediante el cambio de los hábitos alimentarios, al mismo tiempo que se generan ingresos públicos significativos. En la actualidad, todavía es difícil predecir cómo responderán los consumidores a los aumentos de precio derivados de la alza de impuestos sobre los alimentos ricos en azúcar o grasa. En particular, no puede excluirse la posibilidad de que algunos consumidores reemplazarán productos gravados por alimentos igualmente malos para su salud. Los impuestos sobre los productos alimenticios deben ser desarrollados de forma que se incluyan todos los posibles productos sustitutivos. Las autoridades públicas deben evaluar periódica y sistemáticamente la eficacia de las políticas que aplican y, también, revisar tales políticas en la medida que los datos fácticos se vuelven más claros.

Asimismo, las políticas nutricionales sólo pueden ser eficaces si se basan en un enfoque multisectorial, que refleje la multiplicidad de las causas fundamentales de la malnutrición por exceso. En efecto, las condiciones de vida de las personas, así como la pobreza, la desigual distribución de la riqueza, la falta de educación, los determinantes sociales, políticos, comportamentales, ambientales de la salud, así como aquellos relacionados con el género, son todos factores que contribuyen a la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, la lucha contra la malnutrición por exceso requiere la integración de políticas que abarquen el conjunto de ámbitos tales como la salud, la alimentación, los consumidores, los medios de comunicación, la agricultura, el co-mercio, la competencia, las políticas fiscales, la educación, la juventud, la igualdad y la exclusión social: todos tienen un papel que desempeñar en la reversión de las tendencias actuales. Le concierne al sector de la salud la difícil tarea de coordinar las acciones requeridas de la parte de todos los actores relacionados, en cada etapa del proceso de elaboración de políticas.

Además, la malnutrición por exceso se ha convertido en un problema a escala mundial, que requiere una respuesta articulada en varios niveles. La globalización de los mercados de alimentos ha producido, en particular, un cambio en la dieta, la alimentación rica en glúcidos complejos y en fibras ha sido abandonada en favor de una alimentación que contiene una mayor proporción de grasas y azúcares. Además, el aumento de la inversión extranjera directa en la industria de transformación, así como el desarrollo de los supermercados han permitido que los alimentos transformados sean más accesibles para un mayor número de consumidores en todo el mundo. Como los mercados de alimentos están cada vez más integrados a la escala global, las respuestas políticas a la malnutrición por exceso no pueden quedar confinadas dentro de las fronteras nacionales. Las organizaciones internacionales, y en particular la Organización Mundial de la Salud (OMS), tienen un papel clave que desempeñar en la obtención de pruebas, en la difusión de las buenas prácticas y en la determinación de la agenda a nivel local, regional, nacional y global.

Por último, el enfoque multisectorial y multinivel, necesario para revertir las tendencias de sobrepeso y obesidad, conlleva la participación de muchos intervinientes en el proceso de elaboración de las políticas. Estos incluyen a los actores locales, como las escuelas y las organizaciones comunitarias, pero también actores privados de envergadura mundial, tales como la industria alimentaria o los representantes de la Sociedad Civil. Por lo tanto, los méritos y el diseño de las intervenciones reglamentarias destinadas a promover una alimentación más saludable son a menudo refutados con ímpetu y los intervinientes tienden a estar muy divididos sobre el tema.

Mientras que las distintas partes interesadas están en general de acuerdo en que el suministro de información nutricional suficiente, clara y fiable es una parte integrante de las políticas de prevención del sobrepeso y de la obesidad, sus opiniones difieren a menudo sobre lo que se entiende por “suficientes, claras y fiables”.

El tiempo que tardó la Unión Europea en adoptar el Reglamento nº 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos y el Reglamento nº 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, es particularmente revelador de las dificultades que surgieron en el contexto de la normativa sobre infor-mación al consumidor.

Los debates posteriores han planteado preguntas más fundamentales sobre el papel que las medidas informativas pueden tener para remediar el problema de la malnutrición por exceso. El paradigma de que la información del consumidor le “da los medios” para tomar decisiones más saludables ha sido cuestionado a la luz de un organismo de investigación del comportamiento que afirmó que los consumidores no siempre utilizan estas informaciones para mejorar su alimentación. Más allá de la regulación de la información, es de vital importancia mejorar el entorno en el que se toman las decisiones alimentarias.

La regulación del marketing alimentario destinado a los niños ha sido siempre objeto de controversias especialmente animadas. Durante años, las asociaciones de consumidores y de salud pública han llamado la atención sobre el hecho de que la exposición de los niños al marketing alimentario de la “comida chatarra” tiene repercusiones negativas en su salud y han solicitado así su estricta regulación. Por el contrario, los opositores a esta regulación argumentan que cualquier restricción del marketing alimentario destinado a los niños es violatoria del derecho fundamental de los operadores del sector alimentario a promover sus productos, sus servicios de alimentación y sus marcas. Una evaluación de la proporcionalidad basada en la evidencia y que cuente con una fuerte voluntad política podría ayudar a conciliar estos puntos de vista aparentemente inconciliables. Si bien el derecho a la libertad de ex-presión está protegido, este no es absoluto: las autoridades públicas pueden restringir la libertad de expresión comercial por razones de salud pública, siempre y cuando sean capaces de justificar que esta limitación es proporcional, dicho en otros términos, la restricción no sólo debe ser legítima, sino que no debe ser más restrictiva de lo necesario para responder a las preocupaciones sobre la obesidad infantil.

A la luz de la evidencia actual, que establece que el marketing alimentario influye de modo negativo las escogencias, las preferencias, el consumo y el comportamiento de los niños, los operadores industriales ya no pueden pretender que las prácticas comerciales no juegan ningún papel en la malnutrición por exceso. Por ello, han adoptado una serie de medidas de autoregulación para limitar la comercialización de alimentos poco saludables dirigida a los niños. Sin embargo, este enfoque se enfrenta a dos retos principales. En primer lugar, las medidas adoptadas por los operadores industriales tienen lagunas importantes que las hacen en gran medida ineficaces.

En segundo lugar, y más trascendental, los conflictos de intereses son inevitables, la principal motivación para los operadores del sector alimentario es aumentar sus ganancias, a la vez que optimizan la venta de sus alimentos y servicios de alimentación. Ellos no actúan en el mejor interés del niño y lo único que los anima a limitar el marketing alimentario destinado a los niños es el temor de una intervención legislativa más rigurosa. Esto no es suficiente para justificar que las responsabilidades en materia de protección de la salud pública sean transferidas del dominio público al privado. Las autoridades públicas tienen que revisar las pruebas existentes y desarrollar políticas eficaces que limiten el impacto del marketing alimentario de la «comida chatarra» sobre los niños y que sean conformes con el conjunto de recomendaciones de la OMS sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños, que fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Mundial de la Salud, mediante la Resolución WHA63.14. No hay ninguna razón que justifique que se siga autorizando la promoción de alimentos que se sabe tienen efectos adversos para la salud. Esto cobra aún más importancia cuando se aprecia que los presu-puestos públicos dirigidos a la educación nutricional no pueden igualar los presupuestos que asignan los operadores del sector alimentario para la promoción de alimentos poco saludables dirigida a los niños. Si nos ocupamos de forma eficaz del problema de la malnutrición por exceso, la retórica de los Derechos Humanos debería alejarse del enfoque limitado de la industria sobre el derecho a la libertad de expresión, para centrarse en el derecho a una alimentación (nutritiva).

Como afirma Olivier de Schutter, Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación: “es simplemente inaceptable que, aun sabiendo que hay vidas en juego, no podamos ir más allá de las medidas promocionales blandas que finalmente recaen sobre los hombros de los consumidores sin prestar atención al eslabón del suministro dentro de la cadena alimentaria.” Esto no quiere decir que la ley es una panacea; esta no puede, por sí misma, cambiar los estilos de vida. Sin embargo, esta puede ser una herramienta poderosa para influir en el entorno en el que vivimos con el fin de promover opciones más saludables y, con ello, promover cambios en el estilo de vida.

Bibliografía sugerida:  FRIANT-PERROT, M., GARDE, A. (2011), La publicité alimentaire et la lutte contre l’obésité infantile en droit français et en droit anglais, Petites affiches, n° spécial, n° 199, p. 27;  GARDE, A. (2010), EU Law and Obesity Prevention, Kluwer;  DE SCHUTTER, O. (2011), El derecho a una alimentación adecuada: el nexo entre agri-cultura, alimentación y salud. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimenta-ción presentado al Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/19/59 (consultable en línea);  SASSI, F. (2010), Obesity and the Economics of Prevention – Fit not Fat, Rapport OCDE, éd. Edward Elgar.

AMANDINE GARDE

Véase también: – Consumo – Principio de transparencia.