Fondo Mundial para la Protección Social

La idea de un Fondo Mundial para la Protección Social es el resultado de un pronunciamiento conjunto del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación (Olivier de Schutter) y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema Pobreza y los Derechos Humanos (Magdalena Sepúlveda), que tuvo lugar en Nueva York, el 9 de octubre de 2012. Relativamente cercano en cuanto al contenido a los trabajos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el establecimiento de un piso o base de protección social para todos, la iniciativa es sobresaliente por cuanto reúne en una misma propuesta los problemas de pobreza, inseguridad alimentaria, cambio climático y fluctuaciones de los precios agrícolas mundiales, logrando poner en relieve la interconexión de los problemas y su globali-dad (en este sentido, cabe destacar que el Fondo Mundial para la Protección Social es conocido a veces bajo el nombre de «Fondo Mundial para la Seguridad Alimentaria»). También, la iniciativa sobresale porque formula una respuesta concreta a preguntas que tardan en recibirla, a partir de las observaciones y experiencias de ambos relatores.

El punto de partida de la propuesta es la constatación de la desigualdad entre los Estados y entre los individuos en cuanto a la capacidad de asumir las consecuencias de los accidentes o acontecimientos suficientemente graves como para poner en peligro la existencia de las personas o de menoscabar su dignidad (el desempleo, la enfermedad, la sequía, el alza de precios de los productos agrícolas y alimenticios…). Los países con economías frágiles no siempre tienen fondos para financiar una cobertura en beneficio de su población, especialmente de los más pobres que viven en zonas rurales, y dependen de los seguros privados cuando esta solución existe y cuando es accesible para los pobres. De no presentarse esta situación, esas poblaciones permanecen en estado de vulnerabilidad frente al alza de los precios agrícolas, que los mantiene en todo momento en un estado de precariedad. Pero, señalan ambos relatores, que si se dedicara el 2% del producto interno bruto mundial para garantizar este derecho humano fundamental, podría otorgarse una protección social básica para todos los pobres del mundo.