Índice analítico

Derecho a la tierra

Más de la mitad de los mil millones de personas que padecen hambre en el mundo son pequeños agricultores, pastores, pescadores artesanales y comunidades indígenas que viven y trabajan en las zonas rurales de los países en desarrollo. Espectadores de una disminución significativa en sus parcelas cultivadas bajo el efecto de las políticas públicas que favorecen a las explotaciones a gran escala destinadas a la exportación de productos agrícolas o a la producción de agrocombustibles, son en su mayoría incapaces de obtener un precio de la venta de productos agrícolas lo suficientemente elevado como para vivir y mantener su actividad. Estas poblaciones también están expuestas a la constante amenaza de la expropiación, del acaparamiento de sus tierras vinculado a la promoción de grandes proyectos de inversión minera e industrial. Debido a que sus medios de subsistencia dependen directamente de su capacidad de explotar los recursos naturales de la tierra en donde viven, los campesinos y los habitantes de zonas rurales y forestales en los países en desarrollo son hoy las primeras víctimas de la inseguridad alimentaria mundial. Siguiendo un patrón de agricultura de pequeña escala ahora insostenible, los pequeños agricultores a menudo tienen que conformarse con tierras poco propicias para la agricultura (suelos áridos, zonas montañosas sin riego), cuando no son simplemente privados de la tierra a causa de la inseguridad jurídica que caracteriza la ocupación del suelo en muchas zonas rurales y forestales en los países en desarrollo y del difícil reconocimiento de los títulos de propiedad consuetudinarios. Privados de sus instrumentos de trabajo, de la tierra y del agua, estos campesinos “pobres” no pueden resistir la competencia de los grandes operadores. Peor aún, carecen ahora de los medios necesarios para alimentarse y sustentar sus necesidades y las de sus familias.



ELo anterior revela la estrecha relación entre el acceso a la tierra y el respeto del derecho a una alimentación adecuada y de calidad. Una relación reafirmada por la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de septiembre de 2012, que aprueba el proyecto de Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Promovida por la organización Vía Campesina, esta Declaración afirma que la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo no va a encontrar una respuesta satisfactoria y sostenible si no se presta atención a la realidad de los campesinos en los países en desarrollo y a su capacidad de acceder a las tierras de cultivo, con el fin de llevar a cabo una actividad agrícola susceptible de contribuir a la satisfacción de las necesidades alimentarias locales. En el corazón de este acto declaratorio se encuentra la invocación explícita de un “derecho a la tierra” (art. 4), cuya legitimidad jurídica se basa en la realización de otros derechos fundamentales consagrados en el Derecho Internacional; en primer lugar, el derecho de acceso a un nivel de vida adecuado y el derecho a la alimentación (art. 25 de la Declaración Uni-versal de los Derechos Humanos de 1948 y art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – PIDESC), así como el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales (art. 1º del PIDESC) en virtud del cual los Estados están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los pueblos no se vean privados de sus medios de subsistencia.

Partiendo de esta relación entre el derecho a la alimentación y el acceso a la tierra, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, señala que si este derecho a la alimentación exige que los Estados en ciertas circunstancias proporcionen alimentos a las personas incapaces de satisfacer por sí mismas sus necesidades alimentarias, también les obliga a abstenerse de adoptar medidas que puedan privar a las personas del acceso a los recursos productivos de los que dependen para producir sus propios alimentos (obligación de respeto). Además, es su responsabilidad proteger este acceso de cualquier ataque por parte de terceros (obligación de proteger) y fortalecer el acceso y el uso por parte de los pueblos de los recursos y medios que aseguren su subsistencia, en particular la seguridad alimentaria (obligación de realizar) (Observación general nº 12 sobre el derecho a la alimentación, párr. 16).

Para las poblaciones vulnerables que viven en las zonas rurales de los países en desarrollo y más dependientes de la tierra para su supervivencia, la realización del derecho a la alimentación obliga a los Estados a garantizar una mayor seguridad en la tenencia y explotación de la tierra en la que viven estas personas y llevan a cabo sus actividades agrícolas. El derecho a la alimentación y la obligación de “proteger” que conlleva, debe conducir a completar o mejorar la protección de los derechos de propiedad reconocidos a estas poblaciones. Sin embargo, la seguridad en la tenencia de la tierra no aporta respuestas suficientes y adaptadas únicamente con el reconocimiento de los derechos individuales de propiedad, el establecimiento de catastros y la creación de un mercado de derechos sobre la tierra según el modelo occidental; este tipo de protección de la propiedad de la tierra podría exponer a las poblaciones rurales locales a los riesgos de la asignación desigual de los títulos de propiedad en beneficio de las elites locales y de los inversores extranjeros (riesgo vinculado con la corrupción de los gobiernos locales), así como a la negación de ciertas formas consuetudinarias de tenencia de las tierras comunales y de los derechos de uso colectivo. Más bien, conviene inspirarse en las evoluciones del Derecho Internacional y en las iniciativas regionales para la protección del acceso a la tierra de los pueblos autóctonos. El Convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (resolución 61/295 de 13 de septiembre de 2007) prevén ciertas garantías específicas a favor del derecho de los pueblos autóctonos a la delimitación y a la protección de sus tierras, imponiendo a su vez una obligación a los Estados de prohibir toda expulsión forzosa, así como cualquier acto que tenga por objeto o por efecto el despojo de los pueblos autóctonos de sus tierras, territorios o recursos. En el nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos han reconocido que la posesión consuetudinaria de las tierras por los pueblos autóctonos tiene efectos equivalentes a los de un título de plena propiedad concedido por un Estado y que los derechos de las comunidades autóctonas sobre sus tierras incluyen también los derechos sobre los recursos naturales que allí se encuentran. Finalmente, estas instancias han afirmado que los derechos de uso colectivo que se derivan del derecho consuetudinario deben ser reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico y que la propiedad comunal – un derecho de la comunidad, más que del individuo – constituye otra solución para el reconocimiento de los derechos de propiedad individual. Estas orientaciones para el reconocimiento jurídico de las formas consuetudinarias de tenencia y uso de las tierras, en beneficio de los pueblos autóctonos y de los pequeños agricultores, han sido retomadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en sus Directrices voluntarias sobre la “gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” (2012). Estas directrices son reconocidas actualmente por un conjunto de legislaciones nacionales, especialmente en África.




Más allá de garantizar los derechos sobre la tierra, la responsabilidad del Estado con respecto al derecho a la alimentación de las personas vulnerables que viven en las zonas rurales, también supone que los Gobiernos faciliten a estos grupos de población el acceso real a la tierra, por cuanto carecen de otros medios para producir alimentos o para obtener un ingreso que les permita comprar comida suficiente, adecuada y culturalmente aceptable. Esta responsabilidad de los Estados derivada del derecho a la alimentación (art. 11 del PIDESC) debe conducir a reformas agrarias que consisten en un proceso de redistribución justa de las tierras en beneficio de los pequeños agriculto-res. La experiencia demuestra que este tipo de reformas puede contribuir no sólo a la reducción de la pobreza rural y a la mejora de la seguridad alimentaria (fortalecimiento de la disponibilidad y asequibilidad económica de los alimentos, reducción de los riesgos de malnutrición…), sino también puede jugar un papel social fundamental en la promoción del acceso de las mujeres a la tierra y a su participación en la agricultura local.




Bibliografía sugerida:  BOUQUET-ELKAÏM, J. (2011), Le droit des peuples autochtones à la terre : de la reconnaissance au règlement des conflits d’usage. Étude de cas de l’exploitation du nickel calédonien, in De la terre aux aliments, des valeurs au droit, bajo la dirección de F. Collart Dutilleul, San José, Costa Rica, éd. Inida, p. 39 (consultable en línea);  CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS (2012), Final study of the Human Rights Council Advisory Committee on the advancement of the rights of peasants and other people working in rural areas, A/HRC/19/75 (consultable en línea);  MERLET, M. (2010), Différents régimes d’accès à la terre dans le monde, Le cas de l’Amérique latine, Mondes en développement, n° 151, p. 35 (consultable en línea);  DE SCHUTTER, O. (2010), Acceso a la Tierra y Derecho a la Alimentación, Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, A/65/281 (consultable en línea).

THOMAS BREGER

Véase también:Derecho a la alimentaciónDerechos de los campesinosReforma AgrariaSoberanía Alimentaria.