Índice analítico

Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados

Se conoce bajo el nombre de “Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados” a la Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este texto fue aprobado por una amplia mayoría el 14 de diciembre de 1974, en un contexto fuertemente influenciado, en el ámbito del Derecho Internacional, por la aparición de un derecho del desarrollo, así como por una gran atención prestada a los recursos naturales y, más específicamente, a los derechos de cada Estado sobre los suyos propios (véase, en particular, la Resolución 1803 [XVII] de 14 de diciembre de 1962, “Soberanía permanente sobre los recursos naturales”).



Como bien fue señalado por los comentaristas de la época, la Carta afirma o reafirma una serie de principios heterogéneos, que no presentan entre sí una relación inmediata o evidente. Se tratan tanto el respeto de los Derechos Humanos, como la convivencia pacífica, la protección del ambiente, el libre acceso a la alta mar, el intercambio de conocimientos y tecnología, o el control sobre los precios de los “productos primarios”. Sin embargo, el conjunto está envuelto en un principio que constituye la base de la resolución: la igualdad soberana de los Estados. Este principio del Derecho Internacional es relativamente antiguo, pero su declaración es, en sí misma, un hecho notable. En efecto, a raíz de la ola de descolonización, los países del Sur se hallaron en ventaja numérica en las Naciones Unidas y sacaron partido de tal composición para que la Asamblea General aprobara un acto donde se reconocía la soberanía de los países – empezando por la propia- en los asuntos económicos, y no solamente políticos; el objetivo era, por supuesto, consolidar la independencia política de los nuevos Estados, garantizando su independencia económica.
Otro elemento importante debe señalarse: al colocar al principio de la igualdad soberana de los Estados como pivote de la Carta, podría pensarse que el texto hace apología del aislacionismo o de la autarquía, que son cercanos a la independencia. Pero no es así. Por el contrario, la Carta promueve la cooperación para la “solución de problemas internacionales de carácter económico y social”. Según dice, estos son los fundamentos de las relaciones internacionales al punto de asegurar la prosperidad de todos los países, “independientemente de las diferencias de sistemas sociales y económicos”: soberanía, igualdad, independencia, beneficio mutuo y equitativo, y cooperación… Incluso, incita a que haya más relaciones siempre que estas sean equilibradas. Se pone aquí de manifiesto una cierta ambigüedad por cuanto la Resolución 3281 postula la igualdad, pero busca, al mismo tiempo, garantizarle a los nuevos Estados independientes ciertos derechos particulares, que son exigibles a las naciones ricas e industrializadas. No obstante, estos ajustes son necesarios debido a la diferencia que existe entre la igualdad proclamada por el Derecho y una igualdad que no puede ser constatada en los hechos.

Resulta fundamental esta idea de que el texto no favorece, ni el cierre del comercio, ni el repliegue en sí mismo, sino que defiende el equilibrio. El artículo 14 precisa que “todo Estado tiene el deber de cooperar para promover una expansión y liberalización sostenidas y crecientes del comercio mundial”. Sin embargo, la Carta detalla dos puntos. En primer lugar, se establece una clara jerarquía entre el poder del Estado, por una parte, y las multinacionales, por otra: si bien la contribución de estas últimas al desarrollo de los países no se niega, sus actividades deben realizarse con respeto de las políticas económicas, culturales y sociales (art. 2.b). En segundo lugar, la eliminación gradual de las barreras comerciales está programada, pero, en caso de difi-cultades, “se harán esfuerzos coordinados con objeto de resolver de manera equitativa los problemas comerciales de todos los países, teniendo en cuenta los problemas comerciales específicos de los países en desarrollo.” (art. 14). El mismo enfoque que refleja una preocupación constante de equilibrio se reproduce con respecto al tema de los precios de las materias primas agrícolas (“Todos los Estados tienen el deber de cooperar a fin de lograr ajustes en los precios de las exportaciones de los países en desarrollo, con relación a los precios de sus importaciones, con el propósito de promover relaciones de intercambio justas y equitativas para éstos, de manera tal que sean remunerativos para los productores y equitativos tanto para los productores como para los consumidores”; art. 28).

Preocupados naturalmente por la preservación de sus intereses, los promotores de la Resolución 3281 decidieron tomar un camino intermedio, en lugar de rechazar en bloque el sistema de las relaciones comerciales más o menos concebido sobre la base del modelo liberal occidental (el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -GATT- fue constituido alrededor de los Estados Unidos). Ellos diseñaron un régimen de libre comercio enmarcado y modulable de acuerdo con las necesidades y realidades de cada uno y que constituye un posible modelo, por ejemplo, para el comercio agrícola. Por consiguiente, la Carta describe las condiciones de participación de los países del Sur en el comercio internacional sobre la base de dos principios fundamentales: igualdad soberana y cooperación. El primer principio justifica la diversidad de los sistemas económicos, jurídicos o sociales, lo que es inherente a la independencia política de los Estados y que el texto no trata de eliminar; el segundo contribuye a lograr la vida en comunidad de estos Estados, garantes del interés de los pueblos, de la manera más armoniosa posible.




Al igual que otros textos ambiciosos, esta colección de reivindicaciones y de principios es hoy, en buena medida, ignorada. Sin duda, este olvido puede ser en parte explicado por el alcance jurídico del instrumento, el cual es casi inexistente. Sólo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está, en efecto, habilitado para “producir” Derecho. Los textos de la Asamblea General tienen únicamente un impacto político. En el mejor de los casos, trazan los contornos de un Derecho Internacional en formación.




Bibliografía sugerida:  CASTANEDA, J. (1974), La Charte des droits et des devoirs écono-miques des États. Notes sur son processus d’élaboration, Annuaire français de droit international, p. 31 (consultable en línea);  DUPUY, R.-J. (1989), La clôture du système international : la cité terrestre, Paris, éd. PUF;  VIRALLY, M. (1974), La Charte des droits et des devoirs économiques des États. Notes de lecture, Annuaire français de droit international, p. 57 (consultable en línea).

JEAN-PHILIPPE BUGNICOURT

Véase también:Carta de la HabanaPatrimonio común de la HumanidadProteccionismo y libre comercioSoberanía.