Biotecnologías

Según el Acuerdo sobre los ADPIC, “la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones” (art. 7). La protección por medio de la propiedad intelectual es efectivamente de naturaleza a contribuir con la creación, desarrollo y comercialización de las invenciones beneficiosas para las poblaciones, por ejemplo, invenciones que mejoran el rendimiento o las cualidades nutricionales de un alimento (Ej.: el «arroz dorado» o arroz transgénico cuyo contenido de Vitamina A ha sido aumentado). Sin embargo, los instrumentos de protección de la propiedad intelectual, como las patentes, confieren derechos para prohibir determinados actos de explotación de los objetos que ellas cubren. De este modo, la existencia y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual sobre las biotecnologías también puede ir en contra de los objetivos fundamentales de la legislación agroalimentaria y de las políticas públicas: la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población, la lucha contra la pobreza, la protección de los derechos de los agricultores, la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos (prevista en particular en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura o en el Protocolo de Nagoya). Con la creación de costos de transacción excesivos, la propie-dad intelectual puede impedir la producción o la comercialización de biotecnologías (lo que evoca la «tragedia de los anticomunes» de M. Heller). Esto puede ocurrir cuando esta producción o comercialización está subordinada a la explotación de varios objetos complementarios patentados: Entonces, se vuelve necesario pagar varias licencias. A modo de ejemplo, para el cultivo del “arroz dorado” deben obtenerse 11 licencias. Genes que permiten completar la biosíntesis de beta-caroteno, vectores de transformación, pero también promotores y marcadores de resistencia a antibióticos fueron cubiertos por patentes cuyos titulares eran diferentes (o eran parte de acuerdos de transferencia de material). Este fenómeno relacionado con las “marañas de patentes” constituye un riesgo real de las biotecnologías por cuanto es un ámbito altamente propenso a acumulaciones y combinaciones.

La propiedad intelectual también es susceptible de obstaculizar el acceso a los mercados de los países desarrollados, para los agricultores de los países en desarrollo si esta cubre objetos procedentes de estos países en desarrollo. Un reciente estudio europeo se refirió en particular al caso del frijol Énola: una empresa estadounidense de semillas compró una bolsa de frijoles de diferentes colores en México. Después, plantó y replantó los frijoles amarillos durante varias generaciones siguiendo los métodos tradicionales. Así, fue creada una población de plantas que producía sistemáticamente frijoles de color uniforme amarillo. Entonces, la empresa presentó una solicitud de patente norteamericana y exigió el pago de las licencias para la importación de frijoles mexicanos en los Estados Unidos. Las ventas de los importadores se redujeron en más del 90%. Más de 22.000 agricultores en el norte de México, que dependían de la venta de este grano, sufrieron un grave prejuicio económico. Estos agricultores cultivaban y vendían frijoles amarillos mucho antes de que la empresa estadounidense los descubriera. Finalmente, la patente en cuestión fue invalidada por la Oficina de Patentes estadounidense en 2009.

Una segunda categoría de fuentes del derecho específicas a las biotecnologías se refiere a la prevención y a la gestión de los riesgos asociados a estas. En el derecho internacional, el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2000) tiene como objetivo “contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos” (art. 1). En el ámbito regional, la Unión Europea elaboró un marco jurídico específico para garantizar la seguridad del desarrollo de las biotecnolo-gías modernas. Este marco establece las condiciones bajo las cuales es posible desarrollar, utilizar y comercializar organismos genéticamente modificados (OGM) o productos alimentarios derivados de OGMs. La legislación comunitaria regula en especial los usos confinados de microorganismos genéticamente modificados (Directiva nº 90/219/CE), las diseminaciones experimentales de OGMs en el ambiente (Directiva nº 2001/18/CE), los movimientos no intencionales de OGM entre los Estados miembros, así como las exportaciones de OGM hacia terceros países (Regl. nº 1946/2003). Los OGM destinados a la alimentación humana, los alimentos que contienen OGM o son OGM, así como los alimentos producidos a partir de ingredientes producidos, a su vez, a partir de OGM o que contienen tales ingredientes están regulados por el Reglamento nº 1829/2003. Este Reglamento subordina la comercialización de estos productos destinados a la alimentación humana y de estos alimentos, a una autorización. Asimismo, los OGM y los alimentos derivados de OGM que se comercializan deben cumplir con requisitos de etiquetado y de trazabilidad (véase el Regl. nº 1830/2003 de 22 de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos).

La exigencia de un etiquetado de los alimentos genéticamente modificados existe también en países fuera del continente europeo, como en Australia y Nueva Zelanda. Por el contrario, las legislaciones de varios países del continente americano, incluyendo a los Estados Unidos y a Canadá, no presentan tal obligación. No obstante, la legislación podría evolucionar en estos dos países, donde las preocupaciones ligadas al etiquetado de OGM han vuelto a ser objeto de debate. En los Estados Unidos, este cambio podría deberse a una solicitud realizada por una empresa para comercializar pescado genéticamente modificado, destinado al consumo humano (todos los OGM autorizados previamente eran vegetales). Un proyecto de ley para imponer un etiquetado especial para los alimentos que contienen OGM (The California Right To Know Genetically Engineered Food Act) fue presentado en el Estado de California (iniciativas similares también toman forma, sobre todo en Vermont). Además, unos senadores propusieron una enmienda al Fam Bill (Ley Agrícola) para permitir a los Estados el establecimiento de un etiquetado obligatorio de los OGM (sin embargo, la propuesta nunca se aprobó). En Canadá, el tema del etiquetado obligatorio de los OGM se discute especialmente en la provincia de Quebec desde la primavera de 2012, tras la venta a los agricultores quebequenses, de semillas de maíz genéticamente modificado destinado a la alimentación humana.

Por medio del debate sobre el fundamento y la oportunidad de un etiquetado obligatorio para los OGM en el ámbito alimentario, puede apreciarse que la problemática ligada a este etiquetado sobrepasa el tema de la protección de la salud humana. Imponer un etiquetado no sólo permite la protección de la salud, también es una manera de respetar las diversas prácticas y convicciones de los consumidores (sociales, éticas, religiosas…). El proyecto de ley del Estado de California lo demuestra (éste fue sometido a un referéndum a finales de 2012, en el que fue rechazado por una pequeña mayoría). Este texto contiene disposiciones que justifican el derecho a saber si los alimentos comprados fueron producidos por ingeniería genética, con base en otras consideraciones a las relacionadas con la protección de la salud, incluso cuando esta protección sigue siendo mencionada: “without disclosure, consumers of genetically engineered food can unknowingly violate their own dietary and religious restrictions” (Section 1, g). Del mismo modo, la legislación de la Unión Europea hace referencia a otras consideraciones, en particular de orden social y ético (véase el considerando 3 del Regl. nº 1169/2011 de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor). Esta legislación también se refiere a la conveniencia de garantizar el derecho a la información. Por otra parte, surge la interrogante sobre la conciliación entre este derecho a la información y otros derechos. En este sentido, en el derecho estadounidense, tratar de dar a la Food and Drug Administration la autoridad para exigir un etiquetado de los OGM en ausencia de una diferencia en la composición del producto podría ser declarada inconstitucional, por cuanto las etiquetas de los productos son consideradas como una expresión comercial protegida por la 1ª Enmienda. Por último, la falta de etiquetado puede tener un impacto negativo en la confianza de los consumidores y conducirlos a rechazar toda una categoría de productos, incluyendo aquellos que no presentan riesgos particulares.

Bibliografía sugerida:  ADLER, J. H. (2012), How not to Label Biotech Foods, The New Atlantis, Summer 2012, p. 37 (consultable en línea);  OBERTHÜR, S., GERSTETTER, Ch. et alii (2011), Les droits de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques et la lutte contre la pauvreté, Étude réalisée pour la Commission du développement du Parlement européen (consultable en línea);  ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (2002), Inventions génétiques, droits de propriété intellectuelle et pratiques d’octroi de licence : éléments d’information et politiques (consultable en línea);  VIVANT, M. (dir.), Protéger les inventions de demain – Biotechnologies, logiciels et méthodes d’affaires, La Documentation Française, Paris, 2003.

ARNAUD AUFFRAIS

Véase también: – Acuerdo ADPIC – Biodiversidad – Biodiversidad Agrícola – Bioprospección – Clonación de animales – Etiquetado – Organismo genéticamente modificado – Principio de Precaución – Principio de Protección de los Intereses del Consumidor – Principio de Transparencia.