Biopiratería

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) propone una definición estrecha de la biopiratería en su Glosario de biotecnología para la agricultura y la alimentación: esta no sólo está constituida por un “patentado de líneas genéticas y posterior privatización de colecciones de recursos genéticos”, sino que también implica una «falta de consentimiento por parte del inventor». La Sociedad Civil da una definición más amplia. Por ejemplo, para la Coalición contra la Biopiratería se trata ante todo de la apropiación, en general por medio de derechos de propiedad intelectual, de los recursos genéticos, de los conocimientos y de cultivos tradicionales perte-necientes a los pueblos o a las comunidades campesinas que han desarrollado y mejorado esos recursos. La biopiratería incluye la bioprospección, las patentes sobre organismos vivos (genes y moléculas) y la comercialización de los conocimientos culturales. No se hace ninguna referencia aquí, a priori, a la falta de un acuerdo dado por las comunidades «despojadas».

A pesar de las apariencias, la biopiratería no se da siempre fuera del marco de la ley. La práctica se caracteriza fundamentalmente por cuatro elementos: un recurso biológico o un conocimiento sobre el mismo, una comunidad «proveedora» (que cultiva o utiliza el recurso desde hace varias generaciones), una compañía «usuaria» (que prospecta y «descubre» el recurso) y una patente o un certificado de obtención vegetal (legitimado por la posibilidad de patentar seres vivos y por el art. 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – Acuerdo ADPIC). Esto se debe a que el registro de patentes (pero también, en algunos casos, de marcas) implica apropiación, privatización del recurso o del cono-cimiento. Algunos asimilan esta práctica a un saqueo o a un robo, en todo caso, a una amenaza al patrimonio cultural colectivo. Sin embargo, en términos jurídicos, determinar si esta práctica es o no ilegal supone el análisis de las condiciones fijadas por la legislación del Estado de donde provienen los recursos biológicos codiciados, así como aquellas impuestas por el Derecho Internacional, incluidas las que fija el Derecho de Patentes (comenzando con los criterios de la novedad o de la actividad inventiva que deben ser observados). Sólo si la apropiación se realiza fuera del marco establecido por la normativa, podrá ser objeto de una sanción jurídica. Esto significa que si el acto de «piratería» sigue siendo chocante a pesar de su carácter legal, debe buscarse una respuesta en la evolución de las reglas jurídicas.
Los ejemplos de «biopiratería» abundan. En la India se abrió una investigación en 2010, sobre una berenjena genéticamente modificada que una compañía americana de semillas creó a partir de variedades conservadas desde hacía varias generaciones por las comunidades tradicionales; creación realizada en violación de las disposiciones de la ley hindú que contempla la necesidad de una autorización otorgada por las Autoridades Públicas y del consentimiento previo de las comunidades. Los ejemplos del cupuaçu o del neem son también particularmente evocadores. Una compañía japonesa decidió registrar la marca «Cupuaçu» (nombre del árbol cultivado en la Amazonía, cuya pulpa se usa en la fabricación de postres dulces) para los productos que comercializaba en la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. Pero, tras la movilización de las autoridades y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) brasileñas, la marca fue anulada. En Europa, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) consideró la marca como meramente descriptiva y, por lo tanto, ilegal. En cuanto al neem (también llamado “nim”, “margosa” o “lila india”), árbol de origen indio que tiene la propiedad de repeler los insectos y tiene en la cultura local un estatus «sagrado», ha sido objeto de numerosas solicitudes de patente, incluyendo una adquirida por una multinacional americana. Esta era sobre un método fungicida basado en un aceite extraído del neem. Fue anulada en 2001 por la Oficina Europea de Patentes (decisión confirmada en 2005). Se estimó, sobre la base de testimonios y declaraciones juradas (affidávits) de reconocidas personalidades indias, que el objeto mismo del derecho de propiedad intelectual no se distinguía de un conocimiento hindú multisecular y, por lo tanto, que la actividad inventiva, condición para la patente, no se había caracterizado.