Agricultura

Hoy en día, la agricultura representa una parte relativamente pequeña de la economía de la mayoría de los países desarrollados: cabe citar el ejemplo de los Estados Unidos, donde las explotaciones agrícolas generan actualmente cerca de 1% del producto interno bruto. Sin embargo, si se toma en cuenta toda la cadena alimentaria, la situación es un tanto diferente. En 2010, el sector agroalimentario representaba el 6,8% de la economía del Reino Unido y el 13,5% de la mano de obra total empleada. Asimismo, los alimentos destinados a las personas y a los animales, junto con las bebidas representaban el 6% de las exportaciones nacionales, por un valor de aproximadamente 20 mil millones de euros. Esta importancia relativa se refleja también en el marco jurídico de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el cual la agricultura, en tanto industria, tiene su propio Acuerdo (Acuerdo sobre la Agricultura, originado en la Ronda Uruguay) y donde el resultado de la Ronda de Doha se basa, en gran medida, en el establecimiento de un consenso sobre las cuestiones agrícolas, como se demostró en la Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún, en septiembre de 2003.

En cuanto a la definición jurídica del término “agricultura”, cabe señalar que no se propuso tal definición en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Por lo tanto, como sostuvo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), corresponde a las autoridades competentes de los Estados miembros respectivos, en su caso, definir el alcance de las leyes agrícolas, en relación con las personas y con los bienes afectados. Del mismo modo, el TJUE no ha aportado ninguna definición precisa de lo que constituye una “explotación agrícola”, un término que las instituciones de la UE deben definir: en efecto, la expresión puede tener diferentes significados según los objetivos específicos de la normativa comunitaria respectiva. Por otra parte, el TJUE ha confirmado que las relaciones jurídicas entre propietarios y arrendatarios de tierras agrícolas continúan estando, en general, regidas por las legislaciones de cada Estado miembro (véase The Queen c/ Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Bostock, 1994).

Por el contrario, los “productos agrícolas” sí son definidos en el artícu-lo 38.1 del TFUE como “los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, así como los productos de primera transformación directamente relacionados con aquéllos”. También se afirma expresamente que las referencias a “la utilización del término «agrícola» abarcan también la pesca”. En este contexto, resulta conveniente interpretar la expresión “de primera transformación” como sobreentendiendo una clara interdependencia económica entre las materias primas y los productos resultantes de un proceso de producción, con independencia del número de operaciones que intervienen. Por otra parte, los productos incluidos en el Título III del TFUE, sobre la agricultura y la pesca, se encuentran enumerados en el Anexo I; se incluyen: los animales vivos, las carne y los despojos comestibles de carne, el pescado, los mariscos y crustáceos, la leche y los productos lácteos, las hortalizas, las frutas y los frutos secos comestibles, los cereales, las semillas oleaginosas, el azúcar de remolacha y de caña, el vino de uvas frescas, el alcohol etílico, el vinagre y el lino. Sin embargo, no se hace mención a ciertos productos generalmente aceptados como “agrícolas” y que podrían, también, cumplir con la definición general contenida en el artículo 38.1 del TFUE. Así, la lana no se menciona cuando podría ser considerado como un producto de primera transformación. Cabe advertir que, en este caso, el TJUE estableció que la lista presentada en el Anexo I debía prevalecer sobre la definición general de “productos agrícolas”, que figura en el artículo 38.1 (CILFIT c/ Ministero della Sanità, 1984). También, puede señalarse que el Anexo no incluye ni a los árboles ni a los productos forestales, a pesar de que algunos de estos productos, tomados aisladamente, puedan entrar en el ámbito de aplicación del Título III del TFUE.

Como ya ha sido mencionado, a pesar de la ausencia de una definición precisa del término “agricultura” en el Tratado fundador de la Unión Europea, este término puede definirse, sin embargo, para las necesidades de la legislación comunitaria específica. Así, en el caso del régimen jurídico de las ayudas directas, se encuentra la siguiente definición en la que se entiende por “actividad agraria” –agrícola-: “la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas, o el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales” (Reglamento nº 73/2009 de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común). Aquí, la definición va más allá de la simple producción, para incluir la conformidad con los objetivos ambientales. Esto refleja que se mantiene la obligación establecida en el artículo 11 del TFUE, según la cual los requisitos de protección del ambiente deberán integrarse a la definición y a la aplicación de la Política Agrícola Común, tal como fue confirmado por el TJUE (R. c/ Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, 2009). Siempre en el contexto del régimen de apoyo directo, también se en-cuentra una definición de agricultor: “toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación nacional al grupo y a sus miembros, cuya explotación esté situada en el territorio de la Comunidad […] y que ejerza una actividad agraria”.

No obstante, esta definición deja espacio para los derechos nacionales. En efecto, los Estados miembros se benefician de cierta libertad cuando interpretan el término “agricultura”. Así, el artículo L. 311-1 del Código Rural francés dispone que: se consideran actividades agrícolas todas aquellas que corresponden al control y a la explotación de un ciclo biológico de carácter vegetal o animal y que constituyan uno o más etapas necesarias para el desarrollo de este ciclo, así como las actividades realizadas por un explotador agrícola que está en la prolongación del acto de producción, o que cuenta con el apoyo de la explotación; las actividades de maricultura se consideran agrícolas, a pesar de la situación social propia a aquellos que la practican; de igual forma, las actividades de preparación y de entrenamiento de los equinos domésticos para su explotación, con exclusión de las actividades de espectáculo y de producción y, en su caso, de comercialización, por uno o más explotadores agrícolas, de biogás, de electricidad y de calor por la “metanización”, cuando esta producción se deriva por lo menos en un 50% de los materiales provenientes de estas de explotaciones. Esta definición es el resultado de una visión amplia de la agricultura que incluye, en particular, la producción de energías renovables (excepto las instalaciones fotovoltaicas)